Publico este texto porque me parece un tema que me ha afectado de forma directa a la hora de hacer este blog, a pesar de que no habla sobre la piratería de libros pero sí sobre la música creo que a ambos les afecta de la misma manera.
Según la asociación mundial de la industria
fonográfica IFPI, las ventas globales de discos compactos cayeron en
2001 un 5% y un 9,2% en 2002. En España se vendieron 71 millones de
discos compactos legales en 2002 y 25 millones de ilegales. En
conjunto, la industria discográfica española facturó 610 millones
de euros en 2002, frente a los 685 millones del año anterior: una
reducción del 11%.
La causa de esta caída
es la piratería práctica que afecta a gran parte de la
industria cultural y de ocio, pero muy particularmente al mundo
musical. Esa piratería actúa en dos frentes principales. De una
parte, el intercambio gratuito de música a través de Internet, un
hábito de difícil control, probablemente el más perjudicial para
el futuro del sector. Un dato sitúa cuantitativamente el problema:
se calcula que cada día se efectúan en el mundo cuatro millones de
descargas o trasvases de archivos musicales. De otro, el llamado top
manta: la venta callejera de productos ilegales ofrece un precio
inferior por el ahorro que obtienen los piratas en la fabricación
del disco (al eludir los gastos de promoción, marketing, derechos
de autor, canales de distribución e impuestos).
Frente a esta
situación caben diversas propuestas, desde las meramente represivas
y policiales, sobre todo en relación al top manta, hasta la
elaboración de una normativa más severa y universal que defienda
con mayor rigor los derechos de autor y la legítima aspiración
industrial a la rentabilidad. La Unión Europea, ciertamente, está
estudiando una legislación que armonice las muy distintas
reglamentaciones nacionales, pero también la Unión Europea añadirá
una política fiscal en la que no se penalice en exceso el producto y
que estimule, al menos en parte, su abaratamiento. No es lógico que
en España un disco soporte un IVA del 16% al no ser considerado
merecedero de un tratamiento fiscal especial como sí ocurre con
otros productos culturales. Por otra parte, el sector discográfico
no puede eludir sus responsabilidades ni atrincherarse en la
lamentación por la pérdida de los años dorados del disco que
fueron los últimos ochenta y primeros noventa del pasado siglo. Debe
construir alternativas adaptadas al presente tecnológico: ofertas
especiales, posibilidades de suscripciones o colaboración con otros
sectores culturales para crear sinergias.
Pero ni la represión
policial, ni las reglamentaciones nacionales o supranacionales, ni
las alternativas de comercialización podrán despejar los nubarrones
que se han instalado sobre la industria del disco si a todo ello no
se le añade la convicción ciudadana de que la gratuidad es
insostenible; es decir, que lo que tiene valor requiere de un
reconocimiento en forma de una retribución digna, y que sin
este estímulo desaparecerán la creatividad y el talento.
“Piratería musical”, editorial de El País
de los Estudiantes, 17 de febrero de 2003, pág. 5 (selección).
Gracias a la colaboración de Bernardo Toro
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